El sufragio femenino en España (1)

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se promulgaron leyes  que suponían un avance en los derechos de la mujer en ámbitos como la protección en el trabajo, posibilidades de acceso a la Universidad, posibilidades  de ocupar cargos en los gobiernos municipales, pero con la renuncia de Primo de Rivera y la llegada del gobierno de Berenguer se eliminaron aquellos avances en los derechos electorales de las mujeres.

Con el gobierno provisional de la II República se modificó la ley Electoral de 1907 y se declararon elegibles a las mujeres mayores de 23 años para las Cortes Constituyentes.

De los 470 diputados de aquellas Cortes, dos eran mujeres: Clara Campoamor del Partido Radical, el Partido fundado por Alejandro Lerroux en 1908 y Victoria Kent del Partido Radical – Socialista, fundado en 1929, anticlerical, con influencias socialdemócratas, tercera fuerza política en las Constituyentes. El Partido fracasó en las elecciones de 1933 y desapareció en 1934, propiciando la constitución más tarde de Unión Republicana. Unos meses más tarde se incorporó Margarita Nelken del Partido Socialista, fundado en 1879, con 131 diputados era el mayoritario en las Constituyentes.

En agosto de 1931 se aprobó el proyecto de la nueva Constitución que recogía diversos artículos que afectaban a los derechos de la mujer.

El gran debate se produjo cuando el artículo 36 del texto planteó el voto de las mujeres. Los partidos se posicionaron pensando menos en el derecho y más en las consecuencias de ver a quien beneficiaba el reconocimiento del sufragio femenino.

Hubo intervenciones realmente retrógradas como la del  Doctor Novoa Santos, diputado de la Federación Republicana Gallega, que expuso los siguientes argumentos: “a la mujer no la dominan la reflexión y el espíritu crítico; se deja llevar siempre de la emoción, de todo aquello que habla a sus sentimientos; el histerismo no es una simple enfermedad, es la propia estructura de la mujer”. Hilario Ayuso presentó una enmienda por el Partido Republicano Federal, donde proponía que los derechos electorales fueran concedidos a los hombres mayores de 23 años y a las mujeres mayores de 45, pues ellas eran disminuidas “en voluntad, inteligencia y psique” hasta que cumplieran esa  edad.

Hubo quien alzó la voz en defensa de las mujeres, como el Doctor César Juarros Ortega, diputado de la Derecha Liberal Republicana, quien aseveró que “no existía razón fisiológica, ni ética ni psicológica para establecer tal diferencia;  el voto se debía conceder a las mujeres a la misma edad que a los hombres”.