lunes, 3 de septiembre de 2012

Al llegar el mes de septiembre, me ha parecido oportuno publicar aquí este comentario mío que apareció hace algunos días en El Diario Montañés de Santander.

UN GRAN ACUERDO NACIONAL

Cuando los recortes y ajustes se traducen en tangibles perdidas de empleo y en disminución de los ingresos disponibles, los alivios de discursos resignados aun interpretados como bien intencionados, sirven de muy poco. Las palabras si no van acompañadas de hechos tangibles no modifican la realidad.
Cuando nos llegaron los primeros efectos de la crisis, teníamos en España superávit presupuestario y una deuda pública del 37% de nuestro PIB. Vivíamos en un mundo ideal y Aznar no previó lo que estaba sucediendo con una burbuja mobiliaria y otra financiera a punto de engullirnos, Zapatero se negó a admitir lo que ocurría y no corrigió el rumbo a tiempo y a Rajoy le ha desbordado la situación y ha arrojado a la papelera su programa electoral, aunque no su ideología. No sabemos cuando volverá a salir el sol.
Se apostó un día por la liberalización del suelo y se produjo una expansión del sector inmobiliario donde la disciplina se dejó a un lado, se actuó sin disciplina y la lógica estuvo ausente. Nadie enmendó tanta acumulación de errores, algunos de ellos acompañados de prácticas de corrupción evidentes. El sector eléctrico ha acumulado un déficit de 25.000 millones de euros, una fuga que deberá taponarse con subidas de tarifas que pagaremos mensualmente.
Si al finalizar este año no se cumpliera con el 6,3% de déficit máximo autorizado por la Unión Europea, ¿Qué nos espera?
La gestión del gobierno actual conduce a un país con paro creciente, con 5.693.000 personas sin empleo (en los últimos doce meses el paro ha aumentado en 860.000 personas), con una tasa escandalosa del 24,63% de la población activa en desempleo, con una tasa del 51,09% de los jóvenes menores de 29 años sin empleo, con una cifra de ocupados de 17,4 millones que es la misma que tenía España en el año 2003. Sería muy deseable cambiar las palabras tan repetidas como huecas por un discurso honesto que nos dijera qué piensa hacer el gobierno para corregir el panorama.
La profundidad de la crisis y la ausencia de acciones para invertir la tendencia, lo que está provocando no es solo una crítica recesión económica, sino que está poniendo en riesgo otros valores. Porque está en riesgo nuestras dignidad colectiva como país, la confianza en nosotros mismos y el escaso prestigio de los gestores públicos que no parecen entender lo que sucede. Está en riesgo lo público y el interés general.
Los ciudadanos esperaríamos un gran acuerdo nacional para salir de la crisis y de la recesión y para actuar con personalidad propia en Europa, intensificando el diálogo político y el esfuerzo por alcanzar espacios de encuentro, desde la fortaleza del sistema democrático sustentado en la racionalidad de la discrepancia. Es esa fortaleza la que elimina las dudas al aparcar aspectos de mayor carga partidaria e incluso ideológica.
Los ciudadanos esperaríamos un gran acuerdo nacional para pactar que los ajustes y recortes no sean una simple desmesura y por ello inaceptables, para encontrar un escenario algo más favorable donde podamos cumplir con nuestras intransferibles obligaciones de austeridad sin morir en el intento, para que dispongamos de unas administraciones públicas menos complejas y más eficaces, para que afloren políticas anticíclicas, para aliviar los efectos de una década de errores acumulados, para que sepamos que el camino de sudor, lágrimas y fango en el que nos obligan a caminar tiene un límite, para que se frene la sangría de nuestro aparato productivo y la destrucción de las clases medias de nuestra sociedad, para que, en definitiva, se evite seguir en caída libre hacia la intervención total.
Dejemos a un lado las descalificaciones y busquemos la urgencia de un gran acuerdo nacional para pactar un programa de reformas y crecimiento, donde a temas ya avanzados como la consolidación fiscal, se añadan otros como la reestructuración definitiva de nuestros sistema financiero (caiga quien caiga), la reforma inaplazable de nuestros servicios públicos de empleo, la búsqueda de eficacia en las políticas activas de empleo, la adecuación de nuestro sistema productivo a parámetros de competitividad, el problema social del desempleo juvenil, el acceso a la financiación de autónomos y pequeñas y medianas empresas... Un gran acuerdo nacional que nos indique a los ciudadanos que al frente del país no hay una lista de gobernantes ausentes únicamente interesados en repartir responsabilidades hacia el pasado o hacia los costados, sino de personas medianamente capaces que, en las actuales circunstancias, intentan manifestarse como comprometidas con el interés general.

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