Aprovechando el CONCIERTO PAZ SIN FRONTERAS celebrado en La Habana (recomendable ver algún video del concierto y leer la crónica de Mauricio Vicent en El País), incluyo hoy un comentario que publiqué en El Diario Montañés el pasado 28 de julio.

EL EMBARGO DE ESTADOS UNIDOS A CUBA

La medida que mejor ha caracterizado las relaciones de la Administración de Estados Unidos con Cuba ha sido el embargo comercial, económico y financiero decretado el 19 de octubre de 1961, cuando el Congreso aprobó el Acta de Ayuda Exterior y que afectó entonces a las exportaciones de azúcar a Estados Unidos, al suministro a Cuba de petróleo y al envío de piezas de repuesto de fabricación norteamericana para la industria cubana.
Hay que recordar que en 1958, las exportaciones a los Estados Unidos suponían el 67% del total de exportaciones cubanas y el 70% de las importaciones cubanas procedían de los Estados Unidos. En los primeros años del embargo, el comercio entre Cuba y Estados Unidos prácticamente desapareció.
Aquella medida era la respuesta a un gobierno que con la reforma agraria había expropiado tierras a propietarios norteamericanos, había confiscado un número importante de empresas de Estados Unidos que operaban en Cuba, que lo había hecho sin proceso indemnizatorio alguno y cuando Cuba intensificaba las relaciones con los principales adversarios de Washington en tiempos de la guerra fría.
Cuando Estados Unidos decreta el embargo, Cuba tiene relaciones comerciales preferentes con Bulgaria, la República Democrática Alemana, Corea del Norte, la Unión Soviética, China y Checoslovaquia. El posicionamiento económico de Cuba iba acompañado de una hostilidad hacia Estados Unidos y de una transición hacia el socialismo de obediencia soviética. Cuba se incorporó como miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), una alianza comercial de los países y aliados del bloque soviético.
Con la caída del Muro de Berlín, el embargo adquiría otras connotaciones y desde la desaparición de la Unión Soviética en 1991, la comunidad internacional se ha ido posicionando contra el embargo de Estados Unidos hacia Cuba. En la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en octubre de 2008, de los 192 países que integran la ONU, 185 países votaron condenando las sanciones de Estados Unidos a Cuba. Yo entiendo que el embargo debe cesar, porque más allá de su valoración moral es contraproducente para los efectos buscados.
En momentos en los que había desaparecido el bloque soviético, Estados Unidos se replanteó el objetivo del embargo a Cuba y junto con las restricciones al comercio con terceros países planteó una agenda democratizadora. Se trataba de presionar al gobierno de Cuba para promover una transición pacífica hacia la democracia y la promoción de los Derechos Humanos, y con ese objetivo se aprobó en 1992 por el Congreso norteamericano el Cuban Democratic Act o Ley Torricelli.
La Ley Torricelli se aprobó en momentos complicados para Cuba, cuando su reto fundamental era sobrevivir una vez que habían desaparecido los subsidios de la Unión Soviética y de los países del COMECON (en los años ochenta recibía anualmente 6.000 millones de dólares al año) y los intercambios económicos y financieros con los países del Bloque del Este. Cuba trataba de encontrar nuevos mercados en América Latina y en la Unión Europea. Con la caída del socialismo estatal en el Este europeo, Cuba perdió el 85% de sus relaciones comerciales.
La leve distensión alcanzada en los años posteriores a 1992, se quebró en 1996 con el derribo por Cuba en aguas internacionales de dos avionetas, que desde Miami había fletado la organización de exiliados cubanos “Hermanos el rescate”.
Unas fechas después de ese hecho y como consecuencia directa del mismo, el Presidente de Estados Unidos firmó el Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act o Ley Helms-Burton, cuyo objetivo era condicionar o disuadir a los posibles inversores extranjeros que hubieran pensado en Cuba como destino de sus negocios. La Ley ha sido criticada por su voluntad de extraterritorialidad, aunque los títulos tercero y cuarto de la Ley nunca han entrado en vigor. Esta Ley codificó todas las normas que regulaban el embargo comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba y las facultades que en esta materia estaban encomendadas al Presidente pasaron al Congreso.
Desde 1996 se abandonaron en Cuba los pequeños intentos aperturistas y con el congreso del Partido Comunista Cubano de 1997 se endurecieron las condiciones sociales, económicas y culturales en Cuba. Las condiciones políticas no necesitaban de modificación alguna.
En 2004 el gobierno de George W. Bush restringió los viajes a Cuba, el envío de remesas, los intercambios científicos o culturales y las transacciones que Cuba pudiera hacer en dólares. El enfrentamiento de los gobiernos de Cuba y Estados Unidos alcanzó niveles de fuerte intensidad.
El embargo de Estados Unidos a Cuba ha sido para el gobierno cubano la gran disculpa para señalar a un enemigo exterior y justificar y mantener un régimen totalitario.
Barack Obama, sin atender las posiciones condicionantes de Cuba y sin levantar el embargo, ha retocado algunas de las medidas de la Administración norteamericana anterior, todo ello con la intención de alentar que el gobierno cubano acometa determinadas reformas y de manifestar solidaridad con la población cubana, que es la que sufre la falta de libertades y las dificultades económicas.
Estados Unidos no va a suprimir de sus exigencias el respeto de los derechos humanos y el reconocimiento de las libertades políticas, pero cree que la apertura en los viajes, los intercambios culturales, el aumento de las remesas y la posibilidad de comprar alimentos y medicamentos sin tener que pagar por adelantado como hasta ahora, pueden producir efectos favorables a la apertura económica y política en al Isla. Esas son las medidas aprobadas por el Congreso y el Senado de Estados Unidos, que entraron en vigor el pasado 13 de abril de 2009.
Lo que importaría es mejorar el nivel de vida de la población cubana, porque ello conduciría a que la misma población demandara el ejercicio de derechos políticos y civiles y un Estado democrático y de bienestar.
El gobierno cubano debiera de ser consciente de que la situación política en América Latina ha cambiado. También por ello, Estados Unidos está revisando sus formas de relación política con los países de América Latina. En 1970, de los 26 países de América Latina y El Caribe, 17 mantenían regímenes autoritarios. Hoy, solo Cuba mantiene un régimen dictatorial de partido único. En América Latina han aparecido nuevos dirigentes políticos que, con discursos diferentes, desean unas relaciones con Estados Unidos más equitativas y equilibradas.
La Administración de Estados Unidos, consciente de que el embargo no ha producido los efectos buscados, intenta ahora, con el apoyo de la comunidad internacional, indagar en una nueva estrategia para promocionar la libertad y la democracia en Cuba. La Administración de Estados Unidos ya ha advertido que espera una respuesta del gobierno cubano a estas medidas de apertura.
El gobierno cubano ha respondido diciendo que la reconstrucción de las relaciones con Estados Unidos no es su prioridad, y menos aun si es a costa de abandonar el control político de la isla, lo que el gobierno de Cuba argumenta como defensa de su soberanía e independencia y, de momento, se mantiene impertérrito en su propio mausoleo de cartón piedra y sigue en permanente estado de guerra o “periodo especial”, que a la postre es lo mismo.
Sería deseable que se normalizaran las relaciones diplomáticas, comerciales y financieras entre Estados Unidos y Cuba y que Cuba, desde su independencia y autonomía, se incorporara a la comunidad internacional en términos de igualdad, con respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de las libertades públicas y privadas y con el protagonismo activo de los cubanos, de todos los cubanos, los del interior y los del exilio.
Como ha escrito Madeleine Albright “El embargo quizá haya servido a algún propósito original, pero ya ha agotado su utilidad. Actualmente, no tiene ningún apoyo o función internacional, exceptuando proveer de una justificación a las políticas represivas de La Habana”.